Existen en España más de 1.300.000 extranjeros, con permiso de residencia y que llevan varios años viviendo entre los españoles, trabajando y pagando sus impuestos, con sus familias e hijos escolarizados. De estas personas, 839.719 no son comunitarias, a los que se les niega la ciudadanía y por tanto el acceso a los derechos en igualdad de condiciones que los nacionales y también la capacidad de participar en los asuntos públicos.Parece difícil justificar democráticamente que estas personas queden excluidas del voto. El derecho al voto constituye además uno de los derechos fundamentales de las personas, tal como recoge la Declaración Universal de 1948Derecho a la seguridad jurídica o Estado de Derecho, derechos sociales o Estado del Bienestar y derechos políticos, son los tres pilares básicos de la ciudadanía europea. Para los inmigrantes las carencias jurídicas, de mecanismos de promoción social y de participación política los relegan a una condición teóricamente inferior (en la practica es diferente). Su debilidad ciudadana le convierte en un ser socialmente inferior. Su debilidad jurídica y social hace que la palabra inmigrante aparezca en los medios de comunicación junto a otras como violencia, delincuencia... y su entorno sea el gueto urbano, social y moral.Avanzar en la ciudadanía supone también romper con la visión instrumental de la inmigración, limitada al mercado de trabajo y con una idea provisional de su presencia que lo condena a un status inferior.Es la administración municipal la más cercana a los inmigrantes y de la que dependen cada vez más muchos aspectos relacionado con la vida y la integración social de estas personas (servicios sociales, guarderías, vivienda, aspectos relacionados con la religión, el trabajo...). Por ello el primer test de la integración se debe dirimir a escala municipal. Y este pasa porque los inmigrantes con residencia estable tengan el derecho al voto, igual que ya ocurre en algunos países europeos (Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, Suiza e Irlanda), que tienen además un porcentaje de población inmigrante sensiblemente superior al de España. Poder votar y elegir a los gestores públicos y poder influir sobre sus decisiones. Defender el derecho al voto supone también el derecho a ser elegible. Somos conscientes que el derecho al voto no va a resolver todos los problemas pero permitirá algunas mejoras y un mayor reconocimiento.